La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) volvió a elegir a una empresa extranjera para construir una carretera importante en el país. Esta vez se trata de la doble vía Chuquisaca - Yamparáez, con un costo estimado e inicial de 456 millones de bolivianos y que irá a parar a la Asociación Accidental China Harbour. Así lo informó el jefe de la Administradora Regional de Chuquisaca, Hernán Palacios, a través de Bolivia TV.

La enésima adjudicación a extranjeros: La AA China Harbour se queda con 456 MM para la Sucre - Yamparaez

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) volvió a elegir a una empresa extranjera para construir una carretera importante en el país. Esta vez se trata de la doble vía Chuquisaca - Yamparáez, con un costo estimado e inicial de 456 millones de bolivianos y que irá a parar a la Asociación Accidental China Harbour. Así lo informó el jefe de la Administradora Regional de Chuquisaca, Hernán Palacios, a través de Bolivia TV.

Desde la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y otras organizaciones empresariales y de constructores del país lamentan que el Gobierno siga trayendo empresas del extranjero para abordar proyectos troncales, ya que su experiencia no les avala sobre el terreno y acaban subcontratando todo el proceso cuando no, incurriendo en fallas graves.

En el país hay varios ejemplos de empresas adjudicatarias que no lograron llevar adelante sus proyectos. La más significativa, el tramo ferroviario Bulo Bulo - Montero, objeto del escándalo de CAMC y Gabriela Zapata.

También se han dado obras a empresas españolas que finalmente abandonaron el país dejando las obras sin concluir, como la de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por parte de la empresa española Corsán Corviam en 2017, que costó 137 millones de dólares, o la de Eurofinsa en Entre Ríos - Palos Blancos en el departamento de Tarija, que costó alrededor de 85 millones de dólares, presentó fallas antes de su entrega y se fue dejando decenas de contratos sin honrar.

Desde las Cámaras de la Construcción se planteó hace años la reforma del Decreto Supremo 181 para "nacionalizar" las adjudicaciones, ya que actualmente beneficia a empresas extranjeras que acaban llevándose las utilidades y vaciando al país.